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La fiscal pide un año de cárcel a Jaume d'Urgell por "restitutir" la tricolor en un juzgado. (Ver
documento de acusación).
"No fue un cambio, sino una restitución". Jaume D'Urgell define así el impulso que le hizo trepar por la fachada de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, el 14 de mayo de 2006, para arriar la bandera constitucional e izar la republicana o la "española", como él la llama.
Hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados ante el juez de lo Penal número 5 de Madrid, Francisco Ferrer, para enfrentarse a una petición fiscal de un año de prisión y multa de 4.000 euros por ultraje a España y desórdenes públicos. Su delito: haber cambiado la bandera, mientras participaba en una manifestación no comunicada a la Delegación del Gobierno de Madrid por "una vivienda digna y contra la precariedad laboral" y, junto con los 2.000 o 2.500 asistentes, haber invadido la calzada, impidiendo circulara a los coches.
D'Urgell, tranquilo, como actuó cuando fue arrestado, según declararon los agentes que le detuvieron, explicó que se acercó a la concentración en la Puerta del Sol, porque vive a dos minutos y había recibido dos sms convocándole. Llevó una bandera republicana. "Al modo de pensar de algunos, creemos que existe una relación entre los problemas de la ciudadanía y una forma de Gobierno que no es totalmente representativa", respondió a la fiscal cuando le preguntó sobre por qué lo hizo, si la marcha era por trabajo y vivienda.
Ningún ultraje a España
"No quise ofender a España o a la unidad nacional. Si odiara a España, no me importarían las condiciones de vida de sus ciudadanos. España es lo mismo hoy que hace 70 años y no vamos a confundir el símbolo con lo simbolizado. Yo retiré el símbolo, porque entiendo que existe una alternativa. Creo que es mi derecho a la libertad de expresión", trató de explicar en el turno de última palabra.
A preguntas del fiscal dijo haber actuado "movido por la agitación, el momento" y sus convicciones. "Pensé que era oportuno, nadie me lo impedía. Sabiendo que no era legal, lo consideré un acto de desobediencia civil no violento", aseguró D'Urgell.
Sólo uno de los cinco agentes de Policía que declararon dijo, tras haberlo negado en una presunta anterior, que tras lanzar la bandera española a los manifestantes que estaban en la calle le vio pisarla. En lo que sí coincidieron fue en que gritaba y gesticulaba mucho, por lo que creen que era uno de los líderes de la marcha. El acusado lo negó recordando que esa misma mañana había llegado de pasar una semana en Mallorca de luna de miel.
El jefe del dispositivo policial que vigiló la marcha explicó que lo detuvieron hacia las 21.30 horas, cuando abandonó la manifestación, para evitar incidentes con los demáscongregados. Los altercados en las Vistillas, en los que se arrojaron botellas a la Policía, se produjeron cuando D'Urgell ya estaba detenido.
Para apoyarle asistieron al juicio, aunque sólo pudieron pasar cuatro, una veintena de personas, venidas del barrio madrileño de Carabanchel y hasta de Valencia.
Juicio penal contra el joven que sustituyó la bandera
nacional por la republicana en un edificio oficial
KAOS EN LA RED - http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=49864
l escritor y militante republicano Jaume d'Urgell se sentará este viernes en el banquillo de los acusados tras sustituir la bandera nacional por otra republicana en un edificio público de la capital, durante la manifestación que se celebró el 14 de mayo de 2006 con el lema ‘Contra la Precariedad Laboral y por una Vivienda Digna’.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid tenía previsto celebrar el juicio el pasado 4 de octubre, pero dos días antes la letrada del acusado renunció a su defensa, alegando haber recibido fuertes presiones en su entorno profesional. Su precipitada renuncia obligó a suspender la vista oral del juicio.
D'Urgell enfrenta una petición fiscal de un año de cárcel y el pago de una multa de 4.000 euros por los delitos de ‘ultraje a España’ y ‘desórdenes públicos’.
Los hechos se produjeron cuando d'Urgell escaló la fachada de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, ubicados en la Gran Vía de Madrid, e instaló una bandera republicana en el mástil donde se encontraba la bandera nacional. Tras ello, fue detenido por varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía y tras permanecer detenido por espacio de 27 horas, fue puesto en libertad con cargos.
En declaraciones a la prensa en octubre de 2007, d'Urgell mostró su confianza en la Justicia, al asegurar que contra él se siguen «dos acusaciones: una por ‘desórdenes públicos’, basada exclusivamente en declaraciones fabuladas por los policías de paisano que le detuvieron; y otra de ‘ultraje a España’, de naturaleza política, y por tanto extemporánea a la luz de la doctrina penal en los países desarrollados».
En cuanto a la motivación para el cambio de la bandera en un edificio público, a preguntas de la prensa, d'Urgell declaró que «existe una clara relación entre la elevada tasa de precariedad laboral, el imparable aumento de los precios –sobretodo en el sector de la vivienda– y una forma de gobierno que no es plenamente representativa».«Que no se nos tenga en cuenta no es la causa, sino un síntoma: se nos roba durante toda la vida y se nos despide cada poco tiempo, porque sencillamente: no importamos», «Cada cuatro años, la ciudadanía asiste a esta simulación democrática por la que se nos concede el ejercicio del voto, permitiéndonos en realidad elegir entre los preelegidos –verdaderos comisarios políticos del capital–, sometidos a una estructura de poder tan firme, que ni siquiera siente la necesidad de disimular aspectos tan obscenos como el de estar encabezada por un militar no electo, vitalicio y hereditario, designado arbitrariamente por un genocida que traicionó su juramento de lealtad a las instituciones democráticas de su país… un país que no era suyo, sino de todos».
D'Urgell afirmó que «no hay separación de poderes, el único poder que cuenta es el de los intereses económicos, frente al que los trabajadores permanecemos indefensos», «(…) todavía hoy se secuestran publicaciones; se cierran partidos políticos; se ignoran derechos colectivos e individuales; se maltrata a detenidos; se procesa a personas acusándolas de haber quemado una hoja de papel (…) nuestro Estado participa en guerras de agresión; comercia con armas prohibidas y pretende ocultar buena parte de nuestra Historia común… todo ello supone una vulneración de las más elementales garantías democráticas que debemos poner de manifiesto y una buena forma de hacerlo es a través de actos pacíficos, sencillos pero llenos de simbolismo, como el cambio de la bandera».En su opinión «España no debería preocuparse por el color de las telas que decoran el exterior de sus edificios públicos, sino por algo cada vez más evidente: en esta parte del mundo, las garantías propias de un Estado de Derecho no pasan de ser una mera ilusión», «la normalidad democrática en España todavía se percibe como una especie de utopía inalcanzable», «pero un país no son los colores de una tela, sino el bienestar y el respeto a la voluntad de su ciudadanía.», «(…) la naturaleza militar y antidemocrática de nuestra jefatura de Estado no representa un detalle aislado, sino la prueba palpable de que, desde hace 70 años ininterrumpidos, se viene gobernando de espaldas al pueblo».
Según d'Urgell, su intención no era la de menoscabar el honor o la dignidad de España, sino la de «otorgar el uso natural de los símbolos: comunicar ideas», en este caso, la necesidad de «introducir cambios estructurales que faciliten el acceso de los trabajadores al ejercicio de los derechos constitucionales de un puesto de trabajo y una vivienda digna», «Lo que hice con la bandera no fue un cambio, sino un restitución: arrié la rebelde, la enseña de quienes presencian desfiles disfrazados de militar, e icé la legítima, aprobada por unas Cortes Constituyentes que no eran herederas del odio, la vergüenza o el miedo».Concluyó negando ser un ‘joven radical antisistema’ como se le ha tildado en algunos medios y reivindicando su carácter de «trabajador en apuros, consciente de su ciudadanía y decidido a no resignarse hasta vencer», afirmación de la que se desprende el propósito de reincidir.La organización no gubernamental “Paz Ahora” emitió hace unos meses un comunicado en el que –sin entrar a valorar las motivaciones políticas del acusado–, lamentaba la desproporción de las medidas judiciales emprendidas contra lo que calificó de un “acto de desobediencia civil pacífica”.
La vista oral del juicio se celebrará este viernes, 18 de enero de 2008, a mediodía, en el Juzgado número 5 de lo penal, en Madrid.
Información tomada de
KAOSENLARED.NET,
PUNTO-ROJO.ORG y
JRMORA.COM |
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