Los hechos ocurrieron durante la manifestación que siguió a la primera de la serie de concentraciones que se vienen desarrollando en ciudades como Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Donosti, Granada, Gijón, Madrid, Murcia, Ourense, Santander, Sevilla, Valencia o Zaragoza para reivindicar el derecho de acceso a una Vivienda Digna, a un precio asequible, y protestar contra la elevada precariedad laboral que sufre el conjunto de la sociedad, pero cuyo efecto se deja sentir con mayor énfasis entre los trabajadores más jóvenes, los que proceden de más allá de nuestras fronteras, y entre las personas de edad avanzada.

A la manifestación espontánea acudieron varios miles de personas, convocadas boca a boca, por mensajes de móvil y a través de Internet. Habida cuenta de que nadie la había convocado oficialmente, tampoco hubo nadie que comunicara oficialmente el evento a las autoridades.

Era domingo, 14 de mayo,  Jaume d’Urgell y su esposo decidieron sumarse a la manifestación. Iniciada ésta, cuando la marcha alcanzó la altura de la sede central de los juzgados del Contencioso Administrativo, en la Gran Vía de Madrid, Jaume escaló la fachada del edificio hasta llegar al sitio donde o­ndea la bandera nacional, procedió a arriarla, y ante el alborozo y los aplausos de la concurrencia, izó en su lugar la bandera tricolor —republicana—. No encontró resistencia, ni hubo violencia, ni siquiera escarnio contra la bandera oficial, que simplemente arrojó al suelo, sin quemarla ni someterla a ningún otro desprecio.

Tras eso, Jaume fue objeto de seguimiento policial discreto hasta que una hora y media más tarde fue detenido y trasladado al palacio del Senado, que para la ocasión hizo las veces de improvisado centro de detención. Luego se le trasladó en coches camuflados hasta la comisaría de la Policía Nacional en Moratalaz, y finalmente fue puesto a disposición judicial.

Inicialmente se trató de imputarle unas supuestas agresiones a una persona, artimaña para la que los policías llegaron a falsear la hora de la detención —puesto que los hechos tuvieron lugar una vez Jaume ya se encontraba bajo custodia policial—, pero ante la contundencia de las pruebas —el Senado dispone de un circuito cerrado de TV en cuyas imágenes se podía apreciar la detención, con la hora sobreimpresa—, el fiscal ha optado finalmente por no hacer mención a todo eso en su escrito de acusación, en el que sin embargo sí responsabiliza a Jaume de la organización y dirección de la protesta, por lo que le imputa un presunto delito de “desórdenes públicos” solicitando una condena de un año de prisión, otro de inhabilitación especial para sufragio pasivo —no podrá presentarse como candidato en las próximas Elecciones Generales—, además de o­nce meses de multa por otro presunto delito de “ultrajes a España”.

Se da la circunstancia de que tres días después de la detención de Jaume, otro dos jóvenes: Eduardo y Naiara, militantes de las Juventudes del Partido Comunista, fueron igualmente objeto de acoso policial —que en su caso incluyó golpes y vejaciones—, la razón: enarbolar sendas banderas republicanas durante una visita oficial del heredero de la Corona.